Manuel Villagómez Rodríguez

POLÍTICA INDUSTRIAL Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara, megafraude hidráulico y de dinero

El Occidental
19 de abril de 2011

POLÍTICA INDUSTRIAL

Hace 22 años que don Guillermo Cosío Vidaurri logró el acuerdo del 13 de Abril de 1989 para que Chapala tuviera agua de calidad y en cantidad adecuada, y hace 21 años que don Guillermo Cosío, el 23 de febrero de 1990, logró el acuerdo de colaboración para que se estudiara la cuenca del Río Verde para abastecer a la Zona Conurbada de Guadalajara. En las dos fechas estuvo presente el licenciado Carlos Salinas de Gortari y firmó los dos acuerdos, juntamente con los gobernadores de los estados involucrados en estos importantes temas.

Las gestiones que el licenciado Cosío Vidaurri inició para el abasto de la Zona Conurbada de Guadalajara fueron exitosas y el 2 de mayo de 1990 el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado firman el Acuerdo de Coordinación del proyecto "La Zurda-Calderón" y las obras para la ZCG, proyecto que hoy es historia y amarga, por lo que sigue derivado del acuerdo de 1990. El día 7 de abril de 1995, el presidente Zedillo publica el Decreto Federal que nos otorga el derecho de tomar 384 mm3 del Río Verde de agua apta para consumo humano. Ya se cumplieron 16 años de retraso en el abasto de agua a la ZCG porque el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez solicitó el 17 de mayo de 1996 que le quitaran 12 mil 600 mm3 y se lo aceptaron en agosto de 1996, el acuerdo se firmó por el ex presidente Vicente Fox y Alberto Cárdenas el 22 de mayo de 1997 y el presidente Zedillo lo llevó a Decreto Federal que publicó el 17 de noviembre de 1997 en donde nos quedaron 372 mm3 de agua siendo 300 mm3 para la Zona Conurbada de Guadalajara y 72 mm3 para uso agrícola.

De acuerdo con la ficha del proyecto La Zurda-Calderón de don Guillermo Cosío, el retraso al abasto de agua de la ZCG tiene 21 años y, si contamos de Alberto Cárdenas a la fecha, son 16 años que llevan los últimos servidores públicos de ineficacia y corrupción.

Hace 16 años que el ingeniero Alberto Cárdenas llegó a Palacio de Gobierno y, durante sus seis años, no hizo nada, le quedó grande el acuerdo que firmó con Fox y los decretos de Zedillo; pero además, se opuso a que se dé agua del Río Verde como titular de la Semarnat y lleva cuatro años oponiéndose como Senador.

El licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña no solamente se opuso a darnos el agua del Río Verde, sino que inició la construcción de la Presa de Arcediano en el Río Santiago, no obstante que este Río está declarado para saneamiento pero como el gobernador envió un decreto al Congreso para que se pusiera el Río Santiago para abasto de agua y se le rechazó, pero siguió haciendo triquiñuelas para revivir Arcediano, como fue el acuerdo del 1 de septiembre de 2005 en donde propuso y firmó el proyecto Zapotillo-Arcediano, propuesta ilógica porque, como gobernador, firmó el oficio CJ/13/2005 de mayo del 2005 en donde dice a la Conagua que cancela el proyecto de San Nicolás porque se oponen y defienden su Iglesia que data del siglo XVII, por lo que propone un sitio en donde no se inunde ninguna comunidad ni tierra fértil y nombra El Zapotillo, en donde inunda la Iglesia Lateralense de Temacapulín, el Templo de la Virgen de los Remedios de Acasico y el Templo del Niño de Flamacordis. Origina los problemas más grandes en esto del abasto de agua a la ZCG. Con Arcediano-Zapotillo y el acuífero del Astillero, con su escudero el ingeniero Enrique Dau Flores así retrasa durante seis años más el abasto a la ZCG y hoy se sigue oponiendo como diputado federal a que nos den los 300 mm3 de agua apta para consumo humano del Río Verde.

Llega el gobernador Emilio González Márquez y está consolidando el megafraude hidráulico y de dinero en este proyecto de abasto de agua para la ZCG, porque en la LVII Legislatura salió el decreto 21.915 en donde se declara al Río Santiago, río para abasto de agua para seguir construyendo Arcediano y nos obliga a los opositores -me incluyo- a realizar gestiones en contra y logramos que la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente, analizará la MIA que le habían dado al ingeniero Enrique Dau Flores como promovente de esa presa, al mismo tiempo que el ingeniero José Luis Luegue Tamargo le dijera que se cancela Arcediano por los costos, pero Don Emilio González sigue en contra de que se nos dé el agua del Río Verde y firma el 16 de octubre de 2007 un acuerdo para que, de El Zapotillo sólo nos den 104 mm3 en lugar de los 300 mm3 a que tenemos derecho y decide -caso insólito- que se eleve la cortina de El Zapotillo a 105 metros de altura para que se inunden los poblados de Temacapulín, Palmarejo y Acasico importándole madre los santitos, los templos, los panteones, sus casas, sus corrales, su religiosidad, sus derechos humanos, su identidad religiosa, los humilla, los veja; en suma, realiza un atropello sin comparación y, a quienes vivimos en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, nos trata como sus idiotas porque privatiza el servicio del tratamiento de aguas sin consultar al pueblo, saca un decreto chueco para una presa en el Purgatorio como una segunda parte de Arcediano sin manifestación de impacto ambiental, pero eso sí, con dinero y sin definir la cantidad de agua que nos dará del Río Verde, y quiere sacarle 60 mm3 de agua al Lago de Chapala.

Así las cosas, amables y pacientes lectores, estamos ante un megafraude hidráulico y de dinero, nos están robando el agua y nuestro dinero, pero por mansos y mensos; no obstante, hay una solución, que los presidentes municipales que integran el SIAPA cumplan con su responsabilidad Constitucional y gestionen, como es su obligación, una segunda alternativa de abasto de agua para la Zona Conurbada de Guadalajara, que analicen con foros en donde participen académicos, científicos, técnicos, la Sociedad Civil Organizada, legisladores federales y locales -que han aprobado tonterías- y se investiguen las causas que han originado el retraso en el abasto de agua a la ZCG, porque deben de frenar la presa de El Zapotillo, la del Purgatorio y la extracción de agua de Chapala porque, de no hacerlo, quedarán como cómplices de este enorme fraude que están cometiendo los servidores públicos al renunciar al agua del Río Verde sin consultar.

Los acuerdos que logró don Guillermo Cosío Vidaurri, de los cuales quedó la Presa Calderón y la de El Salto, además de lograrse los decretos que nos dan los 300 mm3 de agua del Río Verde, así como salvaguardar el Lago de Chapala, son vigentes si existe voluntad política para acatarlos y verticalidad en la gestión, para sacarlos de ese mar de corrupción a donde los han llevado los servidores públicos del PAN en estos últimos 16 años.

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