Por: B. Manuel Villagómez Rodríguez.
La semana pasada, el Director de la CONAGUA y el Gobernador de Guanajuato, dieron la noticia del inicio de la construcción del acueducto Zapotillo-León; esta noticia se da dentro de un marco de corrupción e impunidad por lo siguiente: El Congreso de Jalisco interpuso en septiembre de 2012 una Controversia Constitucional en contra del convenio de Emilio González , en el que se propuso la construcción de este acueducto, dando la SCJN la razón al Congreso y, en su resolutivo dice textualmente que se cancela el acueducto Zapotillo-León; en agosto pasado el Observatorio del Agua de Jalisco, envió al Ejecutivo una recomendación vinculatoria para que no se trasvase el agua del Río Verde a León, además, la construcción de la Presa El Zapotillo está detenida en virtud de los amparos que en su contra han interpuesto los habitantes de Temacapulín y ONG’S del estado Jalisco, faltando aún más acciones jurídicas que se van a interponer en contra de esta Presa, pero además, el resolutivo de la SCJN está reconociendo el derecho inalienable e innegociable del estado de Jalisco en el agua que la corresponde del Río Verde. Ante estos hechos, CONAGUA y Guanajuato están demostrando su interés por aplicar el presupuesto de 1,700 mdp que insólitamente les vienen en el presupuesto de 2015 para esta obra con lo que además se demuestra que, el Secretario de Hacienda y los Diputados Federales están aprobando recursos que con honestidad no deberían de hacerlo o, por lo menos, tendrían qué documentarse de cuál es el estado jurídico que guarda esta obra. Sabemos que a las empresas españolas La Peninsular, Abengoa y la mexicana Hermes, les importa un bledo el no acatar los amparos y el resolutivo de la SCJN, a estas empresas les interesa sacar dinero de donde sea y como sea, encontrando funcionarios del gobierno federal que están con ellos y también de los gobiernos estatales como se está demostrando en este caso con Jalisco y Guanajuato, en donde están poniendo el billete sobre el interés social del agua, porque no obstante los amparos, ellos están privilegiando almacenar 911 Mm3 en la Presa El Zapotillo para engordarles el caldo a las empresas que ganaron la licitación para construir la presa y la concesión para venderle el agua del Río Verde a León y a Los Altos de Jalisco. Es recomendable, con todo respeto, que el gobierno de Guanajuato, su Congreso y el Gobierno de León, tomaran el acuerdo de que se les envíen solamente los 120 Mm3 que les otorgan los Decretos Federales y, de esta manera usar la Presa El Zapotillo exclusivamente para el servicio de León almacenando únicamente 205 Mm3 y no seguirles haciendo el juego a las empresas que quieren almacenar 911, además está pretensión también fue cancelada por la SCJN, si así proceden, esta agua puede llegar muy pronto a León porque el retraso que tienen de 18 años para tomar el agua del Río Verde, obedece a esa complicidad de sus autoridades con los errores que ha cometido el gobierno de Jalisco y la complicidad con las empresas españolas pero, de todo esto, no hicieron referencia en la conferencia de prensa de la semana pasada ni David Korenfeld, ni Miguel Márquez, ni Elías Chedid, menos Angélica Casillas y Pedro González García de la SAPAL de Guanajuato, todos ellos conocen lo que aquí hemos referido pero, su espíritu está con las empresas y no con el interés social que es llevarle agua limpia a León sin tanta intervención de los poderes fáticos del agua que están imponiendo su criterio a los 3 niveles de gobierno para que les garanticen el negocio privado que pretenden hacer con el agua.

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